Incertidumbre y trabajo “normal” en el INV a la espera de la motosierra de Milei

El encendido de la motosierra en la vitivinicultura argentina sigue al rojo vivo. Mientras que en el plano legislativo la polémica se encendió con un proyecto de Ley para eliminar la normativa que le dio vida a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), en el ejecutivo el revuelo en sector viene por las modificaciones que podría sufrir el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en el marco de las desregulaciones que planea seguir haciendo el gobierno de Javier Milei. 

Tal como lo había publicado MDZ Online, el retorno del Presidente a su agenda oficial tras participar en el cortejo fúnebre del papa Francisco tiene un evento clave pendiente que se viene postergando desde hace más de una semana: la motosierra para los organismos descentralizados, donde están apuntados el INV, pero también el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), entre otros. 

Oficialmente, el INV ya depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dentro del Ministerio de Economía, aunque con la figura de ente descentralizado. Como lo contó este medio, con estos cambios pasaría a ser una Dirección Nacional, un rango que ya tuvo en otro momento de la historia nacional. Esta decisión implicaría que dentro del organigrama del Estado baje de categoría, quitándole autonomía. 

Dentro del Instituto, como comentaron en off the record, otra de las versiones que han llegado extraoficialmente y por medio de las publicaciones en los medios de comunicación es la posible fusión con el Senasa, algo que también ya ha sucedido en otros momentos del país. Lo cierto es que en las oficinas de calle San Martín no ha llegado nada concreto y las tareas continúan en medio de la incertidumbre, aunque con cierta “normalidad”. 

De qué se ocupa el INV

El INV no solo se encarga de la regulación de la actividad vitivinícola, el organismo es el responsable de la aplicación de tres leyes: Ley Nacional de Vinos 14.878, por la que realiza tareas de control técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícola; la Ley Nacional de Alcoholes 24.566, por la que determina el control de la producción, circulación, fraccionamiento y comercialización de los alcoholes etílico y metanol; y la Ley Nacional 25.163, que establece las doramas para la designación de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico en Argentina. 

Su función principal es la de fiscalización vitivinícola y de alcoholes, garantizando la genuinidad y aptitud para su consumo. Con su cuerpo de inspectores controla toda las etapas del proceso vitivinícola, pero también realiza investigaciones aplicadas, analiza y evalúa innovaciones tecnológicas y métodos de análisis para optimizar la fiscalización, conforma banco de datos, estudia perfiles de composición de los jugos de uva y vinos y realiza ensayos y estudios para la incorporación de nuevas prácticas enológicas, productos, envases e insumos. 

Así, mientras aguardan novedades siguen fiscalizando los últimos días de la cosecha o trabajando en informes estadísticos que se darán a conocer en breve, entre otras tareas. 

La estructura del INV

Si vamos a los datos oficiales, la estructura del INV no es de las más numerosas dentro de la dotación del personal de la administración pública. De acuerdo al último relevamiento publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el organismo cuenta con 457 empleados, los cuales 448 cuentan con convenio colectivo de trabajo, mientras que tres están fuera de convenio y seis tienen otra situación. Esta cifra es un 0,4% menor respecto a los trabajadores que había registrado al comienzo del año. 

Si se compara con otros organismos que hoy están en la mira desreguladora de la gestión de Javier Milei, la cifra es mucho más baja. Por ejemplo, el INTA cuenta con un total de 6.412 trabajadores, el INTI unos 2.391, mientras que el Senasa concentra una dotación de  5.530 personas. 

Para cumplir con sus tareas, el INV cuenta, al menos en 2025, con un presupuesto de $14.483.376.120, los cuales provienen en parte del Tesoro Nacional y en parte por recursos propios. Dentro de esta cifra, los gastos en el personal es lo que mayor parte se lleva, con alrededor de $12.000 millones. 

Con su sede central en la Ciudad de Mendoza (ubicada sobre la Avenida San Martín al 430), cuenta con 17 dependencias que se distribuyen en las principales zonas productivas y de consumo del país, de las cuales 13 cuentan con laboratorios propios. Además, en la provincia cuenta con siete receptorías ubicadas en las municipalidades de departamentos con producción vitivinícola. 

Los antecedentes

Esta no es la primera vez que el INV pasaría por un proceso de fusión o reorganización. Fue durante la segunda presidencia de Carlos Menem mediante el Decreto 660/96, firmado el 24 de junio de 1996, que se estableció un proceso de reforma del Estado mediante el cual se fusionó el Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa) y el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (Iascav) para crear el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Dicho decreto estableció en su Artículo 39 la disolución del Instituto Nacional de Vitivinicultura y transfirió sus competencias, dotación, unidades organizativas, bienes, y créditos presupuestarios vigentes al Senasa, aunque como recuerdan desde el propio INV fue una medida que no prosperó.